Revista Ecoguía

Las fuertes lluvias llevaron al cierre de la vía que conduce desde la sede administrativa de Monterredondo hacia el sector La Paila (Laguna de Chingaza), donde se presentó un derrumbe. Este tramo será reabierto una vez superada dicha emergencia.

La Agencia Nacional de Licencia Ambientales aclaró que el operador del proyecto hidroeléctrico debe continuar ejecutando todas las medidas, obras y trabajos para prevenir y mitigar los riesgos asociados a la contingencia que se presenta desde el pasado 28 de abril.

Minambiente anuncia acciones para atender la emergencia ambiental en el río Magdalena, ocasionada por la fuga de un derrame de crudo en el municipio de Cantagallo, que afecta la zona comprendida desde esa población hasta Puerto Wilches. Limpiar la mancha de petróleo toma al menos cinco días.

Ante una alerta difundida por líderes ambientales que están convocando a una marcha para protestar por el otorgamiento de la licencia de explotación aurífera en el páramo de Santurbán en aproxidamente dos meses a la compañía minera a Minesa, la Agencia Nacionalde Licencias Ambientales (ANLA), señaló que esta compañía no ha presentado una nueva solicitud.

En las últimas horas, la cota del embalse llegó a 413, 30 msnm, lo que equivale al 97% del nivel esperado para llegar a la cota de 415. No obstante, se mantiene el estado de alerta y la atención a las comunidades afectadas.

Un proyecto de adquisición de sísmica en Caldas (Boyacá), que Fonade impulsa en 14 municipios para conocer mejor el potencial petrolero de la zona, causó el revuelo en este departamento, donde inicialmente se habló de fracking.

Por emergencia ambiental en Santander, Procuraduría investiga a presidente y ex presidente de Ecopetrol, y suspende a dos vicepresidentes. Igualmente, avanza en las indagaciones contra funcionarios de la la ANLA, y la CAS, por presunta omisión en sus funciones frente al derrame de hidrocarburos.

BOGOTÁ.- La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra los presidentes Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH, sus antecesores, y ocho vicepresidentes de las dos entidades; por los hechos relacionados con la emergencia ambiental y social ocurrida el pasado 2 de marzo, a raíz de la emanación de crudo en el campo Lizama Profundo - Pozo 158, ubicado en el corregimiento La Fortuna, municipio de Barrancabermeja, en el departamento de Santander.

La decisión afecta al presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón Pardo, y su antecesor Juan Carlos Echeverry Garzón, a quienes se les investiga por presunto incumplimiento de sus deberes legales, reglamentarios y funcionales relacionados con la normatividad, política y programas de abandono técnico de pozos en los campos que hacen parte de los convenios con la ANH para la explotación de hidrocarburos en ‘Lizama - Nutría’ y ‘Magdalena Medio’.

Como medida cauteral, la Procuraduría ordenó la suspensión por tres meses de los vicepresidentes de Ecopetrol Héctor Manosalva Rojas, de Desarrollo y Producción; Ricardo Ernesto Coral Lucero, de la Regional Central, y el Gerente de Operaciones de Desarrollo y Producción de Mares, Oscar Ferney Rincón Silva, quienes no habrían dado desarrollo a las políticas que se deben poner en marcha cuando se abandona técnicamente un pozo.

El Ministerio Público también abrió investigación disciplinaria contra Orlando Velandia Sepúlveda y Mauricio de la Mora, presidente y expresidente de la ANH, respectivamente, y otros seis directivos de la entidad, por una posible omisión en el cumplimiento de sus funciones frente a la emergencia ecológica, ambiental y social causada por la emanación del crudo.

Los funcionarios de la ANH cobijados con la decisión son Jorge Alirio Ortiz y Arnoldo Morales Delgado, quienes ocuparon en distintas fechas la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones, y Nicolás Zapata Tobón, Alexandra Lozano, María Carolina Durán Chacón y Omar Mejía Tette, en calidad de vicepresidentes de Contratos de Hidrocarburos.

La Procuraduría avanza, simultáneamente, en las indagaciones contra servidores por establecer de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, y la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, por presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones frente a la emergencia ambiental presentada el pasado 2 de marzo en Barrancabermeja.