RIO DE JANEIRO (Brasil), Noviembre 5 de 2013.- Acre es una de las jurisdicciones más alejadas del país: la capital del estado, Río Branco, está ubicada a orillas de un afluente del río Amazonas, a casi cuatro mil kilometros de Río de Janeiro por carretera. Casi el 90% del estado todavía está cubierto de selva y una serie progresiva de gobiernos estatales han decidido que mantenerlo de esa manera representa grandes ventajas para su pueblo.
Han establecido un marco jurídico innovador e integral en todo el estado que intenta cambiar todo el modelo de desarrollo a uno basado en los bosques.
Acre no es un estado rico (aunque el PIB viene creciendo de manera estable desde los años 90), por lo que el Gobierno espera que ayuden a financiar el esquema los flujos de dinero provenientes de gobiernos o inversores privados, por ejemplo, a través del mecanismo de REDD+, un programa respaldado por las Naciones Unidas que pretende combatir el cambio climático mediante la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal.
Cuando los bosques se cortan o se degradan a causa de incendios o de un mal manejo de la tala selectiva, liberan toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. REDD+ pretende abordar el cambio climático mediante pagos a los países en desarrollo para mantener sus bosques en pie.
Pero aunque las negociaciones internacionales sobre cómo se financiará este esquema se han estancado, Acre ha seguido adelante.
“El estado de Acre siempre tuvo prisa”, señaló Rodrigo Neves, Procurador General del Estado, que ha sido instrumental en la creación del esquema.
“No podemos esperar que se den las condiciones ideales de las negociaciones internacionales o los debates nacionales sobre REDD. Este sentido de urgencia nos ha llevado a actuar; no nos sentamos a esperar a que un gran tratado internacional o una ley nacional hicieran nuestro trabajo”.
Este artículo es parte de un paquete multimedia sobre la selva Amazónica. Más información en el siguiente link: blog.cifor.org/es/amazon
