Con tanques improvisados, filtros caseros y desde las juntas de acción comunal, las poblaciones rurales se convierten en verdaderas agencias de gobernanza hídrica en medio de la ausencia estructural del Estado.
BOGOTÁ D.C.- En poblaciones rurales de municipios como Quetame (Cundinamarca), San Miguel de Sema (Boyacá), Cajamarca (Tolima) y San Juanito (Meta), el agua no es solo un recurso, es un derecho en disputa, una fuente de cohesión social y un eje de la soberanía territorial.
Así lo demuestra el reciente estudio impulsado por la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) Región Central y la Fundación para la Gestión y el Desarrollo de Colombia, Fundagedescol, según el cual, en medio de la ausencia estructural del Estado, las comunidades han asumido, en la práctica, la defensa del agua como bien común. Desde la gestión de sus juntas de acción comunal se han ingeniado la manera de administrar sus acueductos comunitarios y han acudido a tanques improvisados, a filtros caseros y a otras herramientas actuando como "verdaderas agencias de gobernanza hídrica".
Para la RAP-E, los acueductos comunitarios analizados en el estudio —La Esperanza en San Miguel de Sema, El Carmen en San Juanito, Puente Hierro en Cajamarca y Estaqueca Bajo en Quetame— muestran que la solución a la crisis del agua no vendrá solo desde la alta ingeniería o desde la regulación centralizada, sino desde la articulación efectiva con quienes, desde hace décadas, han hecho de la escasez una escuela de innovación.
Encontraron que, por ejemplo, en San Juanito, la Asociación de Agua El Carmen ha alcanzado un 85% de cumplimiento en los pagos de usuarios, gracias a prácticas de autogestión y contabilidad transparente. Y mientras muchas empresas públicas urbanas debaten sobre tecnología de punta, aquí se filtra el agua con sistemas modulares de arena y se resuelven conflictos con “jueces del agua” comunitarios. Todo un modelo de gestión que parte de la organización comunitaria.
Esta creatividad contrasta con una institucionalidad que aún no ha aprendido a reconocer ni a potenciar estos esfuerzos, señalan las entidades que participaron en el estudio. La regulación asfixiante, la falta de propiedad sobre las fuentes hídricas y tarifas que desincentivan la inversión constituyen una "captura institucional", advierten los autores, lo que margina a los pequeños operadores rurales. Desde su punto de vista, lo paradójico es que, mientras las ciudades reciben agua bajo esquemas tarifarios protegidos, en el campo se pierde hasta el 60% del líquido por fugas y falta de mantenimiento.
En ese contexto, los sistemas rurales habitan un limbo legal, como: captura regulatoria, es decir, que los pequeños proveedores no pueden costear el cumplimiento normativo. En San Miguel de Sema, los trámites para legalizarse —que incluyen no solo constituir la empresa, sino cumplir con toda la normatividad vigente— superan el presupuesto operativo anual de la comunidad, menciona el estudio.
Otros aspectos como el cobro de una tarifa única ($5.000 COP/mes en Quetame para 2024) desincentivan el ahorro y privan a las juntas de contar con fondos para mantenimiento preventivo y futuras inversiones.
Por otra parte, indica el estudio, la falta de titularidad sobre los predios donde nacen las fuentes hídricas deja sin incentivos a las comunidades para protegerlas de la contaminación agrícola.
Desde la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E) Región Central se ha desarrollado un Plan de Acción para la Seguridad Hídrica (PSH) 2024 - 2030, que busca fortalecer la planificación, gestión y ejecución de proyectos supradepartamentales. A partir de este, los acueductos rurales pueden identificar, prevenir y gestionar los riesgos que amenazan la calidad y disponibilidad del agua. Adicionalmente, para mejorar los sistemas rurales, Colombia debe adoptar reformas que incentiven la autogestión y desregulación en acueductos rurales:
Algunas de las recomendaciones que surgen del estudio son: desregular microservicios: eximir a pequeños proveedores de permisos y regulaciones costosas, sustituyéndolos por auditorías pares y por fortalecimiento a nivel regional, permitir que las comunidades vendan agua conservada a ciudades río abajo, creando incentivos ambientales por servicios ecosistémicos, crear mecanismos alternativos de financiación: y aumentar la articulación entre gobierno central y las regiones con el fin de hacer más eficiente el uso de recursos y la búsqueda de soluciones adaptadas a las realidades locales, diferenciales y comunitarias.
Al pensar en una nueva alternativa para no tener más de lo mismo, Ricardo Agudelo Sedano, gerente de la RAP-E Región Central propone: “escalar estas buenas experiencias en acueductos rurales y potencializar programas con alianzas con recursos públicos, privados y organizaciones comunitarias que le permitan a los acueductos rurales fortalecer sus capacidades técnicas, mejorar la sostenibilidad de sus fuentes hídricas y garantizar un suministro seguro y continuo para las comunidades, especialmente en contextos de cambio climático y escasez hídrica”.
"Las comunidades rurales nos están mostrando algo esencial: que el agua no debe ser gobernada como un bien transable, sino como un bien común, construido colectivamente. Escuchar estas voces no es un acto de solidaridad: es una inversión en estabilidad, productividad y paz territorial¨ concluyó Agudelo.
Al reconocer a las organizaciones comunitarias como verdaderas guardianas del agua rural, la RAP-E y su Plan de Acción para la Seguridad Hídrica 2024-2030, hace un llamado a que, desde el Ministerio de Vivienda, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y demás instituciones rectoras del sector, para diseñar una política pública de agua rural que parta del escenario actual: una red de héroes anónimos que valoran y cuidan el recurso hídrico.
