El tratado ambiental entrará en vigor 90 días después de recibir 11 ratificaciones. México es el décimo país en ratificarlo.
CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de México aprobó por unanimidad la ratificación del Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental regional vinculante y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aplaudieron la medida al considerar que alentará a otros países a seguir la misma ruta y hacer realidad la protección del medio ambiente y sus activistas con la entrada en vigor del instrumento.
El Acuerdo de Escazú aborda el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en la región.
En un comunicado conjunto, las dependencias de la ONU señalaron que la ratificación de México recoge los llamados y acciones de las organizaciones de la sociedad civil, las personas defensoras, los organismos públicos de derechos humanos y los expertos de Naciones Unidas que se pronunciaron al respecto.
Toma de decisiones
Del mismo modo, reconocieron a los impulsores de la ratificación e instaron a implementar a la brevedad posible las provisiones contenidas en el Acuerdo sobre la participación social en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
“La ratificación del Acuerdo es de suma trascendencia para México, ya que establece disposiciones en materia de generación, divulgación y acceso a la información ambiental y aborda la generación de un entorno seguro y propicio para las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales”, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.
En una visita oficial a México en 2017, el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos advirtió que los dirigentes comunitarios y los defensores de los derechos sobre la tierra y el medio ambiente que se oponían a proyectos a gran escala enfrentaban actos de violencia que a menudo quedaban impunes.
El jefe en el país de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Guillermo Fernández–Maldonado, comentó en ese sentido que la ratificación del Acuerdo “es una expresión concreta del compromiso de México con la protección de los defensores de derechos humanos y del ambiente que, junto con los periodistas, afrontan altos niveles de violencia”.
Las oficinas de Naciones Unidas refrendaron su disposición de continuar brindando asesoría técnica y trabajando con las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil para garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos en México.
Colombia no se decide
En Colombia, a pesar de que inicialmente el presidente Iván Duque, se mostró a favor del tratado, el proceso de aprobación en el Congreso de la República se ha dilatado en reiteradas ocasiones e incluso se ha cuestionado esta ratificación por parte de algunos líderes políticos.
Tanto ambientalistas como líderes sociales han solicitado insistentemente la ratificación del Acuerdo y se han realizado foros virtuales en los cuales se aclaran los verdaderos alcances de este tratado para proteger la vida de los líderes ambientales.
Hace algunos días, expresidentes de diferentes países y reconocidos líderes internacionales enviaron un comunicado al presidente Iván Duque y al Congreso de la República para que hicieran todo lo posible por aprobar este convenio.
Por otra parte, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, aseguró que la ratificación del acuerdo por parte los países de la región constituye una prioridad para la defensa del medio ambiente y de sus líderes.
Desde su punto de vista, este acuerdo no solo representa una disminución, sino también la prevención de posibles conflictos ambientales y, lo que resulta más importante, la protección y la prevención de la vida de los defensores de los recursos del planeta.
En relación con la protección de los líderes ambientales, el Procurador señaló que situación que “es un gran colofón de lo que va a representar el Acuerdo de Escazú ante la amenaza que hemos venido sufriendo, con un costo y un peaje en términos de vidas de defensores de derechos ambientales en los últimos meses”.
