La Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) negó la licencia ambiental solicitada por Best Coal Company S.A.S. para ejecutar el Proyecto Minero Cañaverales, en jurisdicción de los municipios de Fonseca y San Juan del Cesar, al sur del departamento.
RIOHACHA.- Mediante la Resolución No. 3425 del 26 de diciembre de 2025, luego de un extenso trámite administrativo, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) negó la licencia ambiental solicitada por la empresa Best Coal Company S.A.S. para el desarrollo del Proyecto Minero Cañaverales, que pretendía ejecutarse en jurisdicción de los municipios de Fonseca y San Juan del Cesar.
La decisión se oficializó luego de visitas técnicas de verificación en campo, conceptos de entidades especializadas como el IDEAM, el Servicio Geológico Colombiano y el Instituto Alexander Von Humboldt, así como de la realización de una Audiencia Pública Ambiental con amplia participación ciudadana.
Según informó Corpoguajira, el grupo técnico evaluador de la entidad concluyó que el proyecto no es ambientalmente viable, al advertir riesgos significativos sobre los componentes abiótico, biótico y socioeconómico del área de influencia, así como la superposición con determinantes ambientales relevantes del territorio.
Así mismo, se determinó que el proyecto generaría gran impacto ambiental y presenta superposición sobre zonas con objetivos de conservación y protección de los recursos naturales renovables, previstas en el plan de ordenación y manejo (POMCA) del Río Ranchería. Esto teniendo en cuenta que el Manantial de Cañaverales es un ecosistema estratégico y un nacimiento de agua que abastece el consumo humano y doméstico de su población, que se encuentra protegido bajo lo estipulado en el artículo 79 de la constitución política y que además está protegido bajo la figura de Reserva Forestal Protectora (RFP) por parte de Corpoguajira por medio del Acuerdo No. 014 del 17 de mayo de 2012.
Uno de los aspectos centrales del análisis, según Corpoguajira, fue la compleja situación relacionada con la consulta previa a comunidades negras, proceso que ha estado marcado por múltiples actuaciones judiciales, tutelas y órdenes de distintos despachos judiciales, sin que se lograra consolidar un escenario que garantizara plenamente los derechos de participación de las comunidades potencialmente afectadas.
Durante el trámite, Corpoguajira reconoció como terceros intervinientes a consejos comunitarios, organizaciones sociales, académicas, ambientales y a ciudadanos, quienes expresaron preocupaciones sobre los impactos del proyecto en el agua, la biodiversidad, el territorio y los medios de vida locales en una reunión informativa sobre el proyecto y una audiencia pública, que se realizaron en el municipio de San Juan del Cesar este año.
La autoridad ambiental precisó que, aunque el solicitante cumplió formalmente con los requisitos documentales exigidos por el Decreto 1076 de 2015, el análisis integral del EIA y de los insumos técnicos y sociales recopilados no permitió concluir que el proyecto garantizara un manejo ambiental adecuado, ni que los impactos identificados pudieran ser prevenidos, mitigados o compensados de manera suficiente. Con esta decisión, Corpoguajira reafirmó su deber constitucional y legal de proteger los recursos naturales y los derechos colectivos de las comunidades, priorizando el principio de precaución y el interés general sobre las actividades de alto impacto ambiental.
Comunidad también rechazó el proyecto
Como se recordará, la comunidad de Cañaverales, ubicada en San Juan del Cesar (sur de La Guajira), se mostró desde un comienzo en contra del proyecto minero en mención, al señalar que este ponía en inminente riesgo de desplazamiento y transformación del uso y vocación del suelo con lo cual se seguiría profundizando la grave crisis social, económica, cultural y ambiental en la región, especialmente para las comunidades étnicas y campesinas que se encuentran en el área de influencia de este denominado “corredor minero” del sur de La Guajira y norte del Cesar.
"Estamos ad portas de que, en los próximos 30 años, “el Proyecto Minero Integrado Minas Cañaverales” pueda explotar, transportar y exportar carbón térmico extraído del subsuelo de nuestros territorios ubicados en los municipios de San Juan del Cesar, Fonseca y Dibulla, además de transformar 150 km del departamento con la construcción de un ferrocarril de carga y contaminar nuestros mares con un puerto de cargue directo en el municipio de Dibulla.
Adicionalmente, habían advertido que "desconocemos cuál va a ser el destino de nuestras fuentes de agua como el Manantial de Cañaverales que, a pesar de ser declarado Reserva Forestal Protectora, su exposición a la explotación minera pone en riesgo su existencia y así, nuestra pervivencia en el territorio".
En este sentido, teniendo en cuenta que el Manantial de Cañaverales es fuente de agua para el consumo humano y para el desarrollo de actividades productivas de los habitantes urbanos y rurales del municipio, y reconociendo la vocación agropecuaria de Cañaverales y de las zonas aledañas, manifestamos a viva voz: NO estar de acuerdo con la minería y consideramos que el proyecto minero de la empresa BCC no garantiza la protección de la vida y la preservación de los ecosistemas naturales de la región, puntualizaron en su momento.