Alcaldes, empresarios, autoridades ambientales, ONG y comunidades en general plantean interrogantes para el cumplimiento a corto plazo de esta norma, que establece la siembra obligatoria de árboles para lograr la restauración ecológica de los territorios degradados.

BOGOTÁ D.C.- Son más las dudas que genera la Ley 2173, o Ley del Árbol, para municipios, empresarios y personas naturales, que las posibilidades de ponerla en práctica a corto plazo como estrategia de restauración ecológica en un país que, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), se registra que 59 millones de hectáreas han perdido la identidad ecológica del paisaje en todo el territorio colombiano. De esta cifra, 12,8 millones presentan una integridad muy baja; 28 millones, media y 22,1 millones, muy baja.

Desde que el MADS se vio obligado a reglamentar la Ley 2173 de 2021, también conocida como Ley del Árbol, pues su objetivo es promover la siembra de árboles para restaurar el suelo degradado, se abrió un debate que sigue generando dudas.

Así se pudo evidenciar en el evento “Ruta del Árbol”, organizado por la fundación Natura con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Andi, la fundación Alma y Cecodes, entre otras organizaciones que buscan implementar esta ley, en la cual se determina que las empresas privadas deben contribuir con la siembra de dos árboles por cada empleo generado.

De igual manera, esta normativa insta principalmente a los municipios a establecer áreas de vida, en las cuales se deben realizar siembras de árboles nativos que contribuyan a conservar y a restaurar los suelos en todo el territorio colombiano.

La ley incluye también a personas naturales, quienes como sociedad civil están llamadas a sembrar árboles para sumar esfuerzos de sostenibilidad y cuidado del ambiente.

“Siembra vida”

Tanto las empresas privadas como las personas naturales recibirán certificados como “Siembra Vida Empresarial” y “Siembra Vida Buen Ciudadano”, que les ofrece garantías como descuentos en matrículas escolares, en pago por expedición de documentos y en otros trámites oficiales.

Para los empresarios, son muchas las dudas que surgen en torno al cumplimiento de esta ley, pues si bien los municipios son los encargados de determinar las áreas de vida, donde se deben llevar a cabo las siembras, se cuenta con unos plazos muy cortos y no se tiene bien definido qué tipo de empleo específicamente sería registrado para la cuota de dos árboles por empleo generado.

Para especialistas en derecho ambiental, como el abogado Rodrigo Negrete, la ley adolece de muchos vacíos, desde aquellos municipios que no cuentan con recursos para este fin o que no tienen establecida el área que dispondrían para la siembra de los árboles nativos hasta otros que no tienen claro el trámite a realizar con la empresa privada para tal fin.

Para líderes de ONG como la Fundación Natura, la ley se debe implementar y para ello están realizando esfuerzos con el fin de informar y de establecer conexiones con las partes vinculadas a la ley.

Tal como lo señala Clara Solano, directora ejecutiva de Natura, “llevamos muchos años trabajando en la implementación de planes de restauración, conocemos muy bien territorios en escalas locales y regionales, de ahí que podemos contribuir a la implementación de la Ley”. En ese sentido, considera que “esta es una oportunidad para generar trabajo verde y nosotros cumplimos esa función de hacer muy buenas acuerdos en los territorios, para que los recursos sean aprovechados por las comunidades”.

En el caso de los grandes empresarios, voceros como Mauricio López, de Pacto Global, considera que faltan muchas respuestas a los interrogantes planteados por los empresarios para que esta ley se haga realidad y en cada municipio empiecen a plantarse árboles que de alguna manera recuperen parte de los bosques perdidos. “Sembrar árboles es una buena noticia, la pregunta es cómo hacerlo y cómo hacerlo bien. Tenemos que entender que hoy existen más preguntas y dudas que deben tener respuesta a corto plazo. Por eso aplaudimos los planes piloto para entender cómo se puede resolver esas dudas que surgen en los territorios con los alcaldes, con autoridades ambientales, con los empresarios y con los dueños de las tierras”, sostiene,

En cuanto a las corporaciones autónomas regionales (CAR), también se tienen interrogantes y algo de incertidumbre frente a la aplicación de la norma. No obstante, la CAR Cundinamarca tiene proyectado un piloto que se desarrollará en el municipio del Colegio, con el fin de establecer cómo aplicar y hacer realidad esta ley, según explicó Carlos Emilio Gutiérrez, subdirector de Planificación.

De acuerdo con la Ley 2173 de 2021, las autoridades municipales serán garantes de la creación de estas áreas dando prioridad a la siembra de árboles nativos con esquemas de georreferenciación.

Lo que dice la norma

Mediante la reglamentación de la ley en mención, el MADS busca garantizar la aplicación efectiva de la norma, en cumplimiento de la orden judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, e incorpora criterios técnicos, jurídicos y participativos que permitirán consolidar las Áreas de Vida como espacios de restauración y conservación ecológica en todo el territorio nacional.

La reglamentación establece que la restauración ambiental no se limita a la siembra de árboles, sino que comprende un proceso integral que incluye mantenimiento, monitoreo y seguimiento durante los dos primeros años, asegurando la supervivencia del material vegetal y la consolidación de bosques sostenibles.

De acuerdo con la normativa, las empresas medianas y grandes deberán implementar programas de siembra con estos componentes técnicos, mientras que las autoridades ambientales y municipales articularán esfuerzos para su gestión, control y supervisión.

El Ministerio definió que las Áreas de Vida se establecerán en ecosistemas estratégicos como páramos, humedales, manglares y bosques secos tropicales, priorizando la recuperación de zonas degradadas.

Toda la información sobre las siembras y los procesos de restauración será registrada en el Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA), lo que garantizará transparencia y trazabilidad en el seguimiento de los compromisos.