Autoridades Tradicionales y representantes de los 15 pueblos indígenas del Putumayo expresaron su rotundo rechazo al proyecto minero de cobre que impulsa la compañía canadiense Cooper Giant Resourse Corp, (Libero Cobre).

MOCOA.- “Alzamos con firmeza y dignidad nuestra palabra milenaria para expresar el rechazo absoluto al proyecto minero de cobre impulsado por la Empresa Cooper Giant Resourse Corp, (Libero Cobre), que amenaza las montañas de Mocoa y las cuencas sagradas del territorio, en más de 11.000 hectáreas, donde pretende operar la minería a gran escala disfrazada de minería a mediana escala en un ecosistema altamente frágil”.

Este es el inicio del último pronunciamiento firmado por autoridades y voceros de 15 pueblos indígenas del Putumayo, en torno a dicho proyecto, que fue presentado por Libero Cobre en 2018, luego de adquirir 4 títulos mineros que suman 7.846 hectáreas y que sigue en etapa de exploración, para la explotación de cobre y molibdeno. Se estima que el yacimiento contiene 4.600 millones de libras de cobre y, de llegar a explotarse, podría producir alrededor de 100 toneladas de este mineral al año.

Tal como lo recuerda un estudio de la Universidad Nacional de Colombia, el conflicto ambiental se genera por el traslape de los títulos mineros con territorios étnicos legalizados y áreas protegidas, así como por la contravención de las disposiciones del Acuerdo 020 de 2018 del Concejo Municipal de Mocoa, que prohíbe la minería a mediana y gran escala.

En su comunicado a la opinión pública, los líderes de los pueblos indígenas aseguran que los sitios sagrados como Binÿió Tjañ, Tangua Shatjó Benách Tjañ e Iaku Wuasi son más que geografía. “Son tejidos vivos de nuestra cosmovisión, guardianes del equilibrio del planeta. Destruirlos con la intervención minera, es una violación irreparable a nuestros derechos culturales, espirituales y colectivos, y una ofensa a la vida misma, a nuestra Ley de Origen, Derecho Mayor, Derecho Propio, la Palabra de Vida”.

Para las comunidades del Putumayo, este modelo de desarrollo desconoce su forma de vida basada en el Buen Vivir (Sumak Kawsay, Alli Kawsay), en equilibrio con la Madre Tierra, tal como se contempla en el artículo 7 de la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Acuerdo de Escazú, El Decreto 1275 de 2024 y el Decreto 488 de 2025.

En su pronunciamiento, le piden al presidente Gustavo Petro, a la ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Lena Estrada, y a todas las entidades ambientales competentes, cumplir las exigencias de los pueblos originarios, pues su protección es una deuda moral y ecológica del Estado colombiano y de la comunidad internacional.

Amparados en el Mandato Milenario de Protección al territorio, al agua y a la vida, los pueblos indígenas exigen la caducidad inmediata de los títulos mineros sobre el territorio ancestral, la prohibición expresa de licencias y permisos para minería metálica en la montaña de Mocoa y Putumayo, el reconocimiento jurídico de los Mandatos Indígenas que declaran estos territorios libres de minería, , la Declaración de las montañas sagradas de Mocoa y la cuenca alta del río Mocoa como Sujeto de Derechos, el apoyo a los modelos de vida alternativos como agroecología, turismo comunitario, economía forestal no maderable y fortalecimiento de nuestros planes de vida, la protección integral de las autoridades, mujeres y líderes que defienden el territorio en cumplimiento del Acuerdo de Escazú.

Adicionalmente, formulan un llamado a la humanidad, al advertir que permitir que proyectos extractivos avancen, es permitir que desaparezca la selva, ríos y montañas sagradas.

El pronunciamiento es firmado por el Pueblo Inga, Pueblo Kamëntša, Pueblo Cofán (A’i), Pueblo Siona (Zió Bain), Pueblo Murui (Huitoto), Pueblo Korebaju (Coreguaje), Pueblo Kichwa, Pueblo Nasa, Pueblo Misak (Guambiano), Pueblo Embera, Pueblo Awá, Pueblo Pastos, Pueblo Quillasinga, Pueblo Pijao, Pueblo Yanacona

Inestabilidad ecológica

Es de anotar que el proyecto minero también ha generado descontento y preocupación entre la población urbana, la Diócesis municipal y las organizaciones defensoras del agua, dado que este se encuentra en el Macizo Colombiano, una región geográfica de alta riqueza biológica en la que se encuentra la llamada “estrella fluvial de Colombia”.

Además, según un estudio realizado por la Fundación Paz y Reconciliación en alianza con la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, el temor de las comunidades por el megaproyecto minero se basa en que este se localiza en la cuenca alta del río Mocoa, área involucrada en la “avalancha de Mocoa” de 2017, que arrasó viviendas y causó la muerte de centenares de personas.

En ese sentido, Corpoamazonia precisó, en su momento, que bajo las condiciones de inestabilidad geológica que afectan la cuenca alta del río Mocoa, la exploración minera de LCL podría incrementar la amenaza por movimientos en masa y avenidas fluviotorrenciales para las comunidades asentadas aguas abajo.

Bajo este panorama, la Corporación ordenó en 2022 la suspensión de actividades en los títulos del proyecto minero, “por el aprovechamiento forestal no autorizado en bosque natural y la infracción a la normatividad ambiental relacionada con la protección de los bosques, la prevención de riesgos de desastres y las determinantes ambientales definidas por Corpoamazonia.

La multinacional Libero Copper anunció en marzo pasado la movilización de una plataforma de perforación adicional al proyecto de pórfido de cobre y molibdeno Mocoa en Colombia

Sobre el proyecto Mocoa, la compañía enfatiza que es el único proyecto de exploración que tienen en Colombia y que todas sus actividades son adelantadas “cumpliendo con lo establecido por las disposiciones legales vigentes establecidas por el Estado Colombiano, en el marco de los mejores estándares y prácticas sociales y ambientales que garanticen el cuidado, la protección y conservación del medio ambiente, así como el respeto por los derechos humanos, las comunidades y su cultura ancestral, la salud y la seguridad de nuestro equipo de colaboradores y habitantes presentes en el área de influencia de nuestro proyecto de exploración”.

Sin embargo, para los líderes indígenas del Putumayo, “no puede haber transición energética ni sostenibilidad real si se basa en la destrucción de territorios sagrados, el territorio es un ser vivo, no una mercancía”.