Bogotá, Septiembre 2 de 2011.- Un informe de la Procuraduría General de la Nación sobre los alcances de la minería ilegal en Colombia analiza la responsabilidad del Estado en esta materia, los procesos de legalización, sus alcances e impactos ambientales, económicos y sociales, entre otros aspectos.
"La dimensión que ha adquirido actualmente la minería ilegal en Colombia demanda del Estado acciones de corto, mediano y largo plazo, así como definiciones de política pública en materia económica, social y ambiental", señala el documento.
Preocupa al Ministerio Público que en el censo minero del país, al que califica como "deficitario", se evidencia que la minería ilegal constituye un inmenso porcentaje de las explotaciones que se realizan en Colombia.
En concepto de la Procuraduría existe una estructura normativa minera ambigua, contradictoria y confusa que da lugar a un alto grado de inseguridad jurídica para los receptores de la norma. Indica además que los parámetros legales expedidos para regular y legalizar la minería no son objeto de estudios previos que involucren contenidos tan importantes como el poblacional, el social, el ambiental, el territorial y el económico.
Minería ilegal: problema público
De acuerdo con el informe, la minería ilegal evade importantes sistemas de control sobre los recursos naturales renovables, entre ellos la licencia ambiental; se exonera del pago de cargas tributarias establecidas por el Estado, así como de las regalías que la producción debe generar para la protección ambiental y cobertura en salud y educación.
Las explotaciones ilegales, según el documento de la Procuraduría, se desarrollan, en algunos casos, en áreas de una especialísima protección ambiental como parques naturales, páramos y zonas de reserva, las que al hacerse sin ningún control pueden ocasionar daños irreparables a ecosistemas protegidos.
La Procuraduría reitera que este tipo de actividad, al permanecer en la ilegalidad, se aleja de cualquier régimen laboral que le permita a los trabajadores de las minas acceder a los beneficios de la seguridad social y ocupacional, y señala que una gran mayoría de quienes se ocupan en la minas ilegales son menores de edad y mujeres cabeza de familia.
Otro aspecto sobre el cual llama la atención este informe es que hoy un sector de la minería ilegal guarda una estrecha relación con grupos al margen de la ley y con procesos de narcotráfico y lavado de activos presentes en territorios mineros, mientras que las autoridades locales y regionales se encuentran muchas veces en incapacidad de hacer frente a esta amenaza.
Intentos fallidos de legalización
El informe señala que las sucesivas regulaciones mineras han intentado legalizar las actividades que no se sujetaron a ninguna autorización y mucho menos obtuvieron un titulo minero, pero que estos intentos han sido infructuosos porque las normas fueron contradictorias, improvisadas, carecieron de técnica jurídica en su construcción, y terminaron -sin ser su intención- favoreciendo a los explotadores que no se sometieron a las reglas por encima de los mineros que sí lo hicieron.
Al evaluar los procesos de legalización que se han dado a través de diferentes estatutos mineros, concluye la Procuraduría que lo que gobierna la mayoría de estos procesos es una especie de ?indulto? y un término muerto que le permite al minero ilegal, en aras de legalizarse, continuar con su actividad escudándose en la inactividad del Estado por los regímenes transitorios.
Recomendaciones de la Procuraduría
Dados los graves efectos de la minería ilegal en los ámbitos ambiental, social y económico, para la Procuraduría es necesario que cada entidad relacionada con la actividad minera ejerza con contundencia sus competencias y funciones a efectos de que dicho control se materialice. Se citan como ejemplos la suspensión de explotaciones ilegales por parte de los alcaldes municipales, las actividades de coordinación y articulación a cargo de los gobernadores, la suspensión de actividades por parte de las autoridades ambientales competentes cuando se produzcan impactos al medio ambiente y los recursos naturales, y el seguimiento eficaz de la autoridad encargada de expedir los títulos mineros.
Dada la estrecha relación entre la minería ilegal y los grupos al margen de la ley, para el Ministerio Público es fundamental que se establezcan acciones de coordinación entre las autoridades territoriales y la fuerza pública, a efectos de impedir la permeabilidad de fuerzas ilegítimas en la actividad minera.
De otra parte, considera urgente el Ministerio Público que la autoridad minera regule la proliferación de títulos mineros dados sin ningún control y que atentan, sobre todo, contra ecosistemas estratégicamente protegidos.
El Ministerio Público encuentra también carencia de información procesada, valorada y cualificada sobre explotaciones mineras ilegales, situación que no permite ampliar la cobertura del control tanto minero como ambiental de esas actividades, y que la ausencia de información ambiental implica una grave amenaza sobre los ecosistemas con efectos de imprevisibles consecuencias, por lo que recomienda la construcción de un banco de datos con información clara, precisa y detallada de la actividad minera en el país y que esta información pueda ser consultada, ponderada y cruzada entre las diferentes entidades con competencia sobre la materia.
En concepto de la Procuraduría se hace necesario diseñar una política minera clara y estructurada que involucre de forma integral los aspectos ambientales, sociales, económicos, laborales y de salud pública y ocupacional que esta conlleva, sobre todo en lo que respecta a protección de comunidades y grupos sociales vulnerables. En el mismo sentido, considera inaplazable fomentar desde la institucionalidad una minería responsable y ambientalmente sostenible, sin distinguir para tal fin los volúmenes de explotación.