Una investigación realizada por la Agencia de Investigación Ambiental (EIA US) revela que las exportaciones de madera de Colombia, especialmente la utilizada para decoración y pisos, estarían ingresando a los mercados de EE. UU., UE y Canadá sin los documentos legales requeridos para probar su origen legal. La organización insta al Gobierno colombiano a mejorar la trazabilidad sobre aprovechamientos forestal, cosecha, transporte, procesamiento y exportaciones.

Un estimativo de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA US) registra que entre 2020 y 2023, el 94% de las exportaciones colombianas de decoración y pisos carecían del certificado exigido por la legislación nacional, lo que representa aproximadamente 24 millones de dólares. Adicionalmente, esta organización encontró que parte de dicho comercio está vinculado a grupos armados ilegales y que involucra la explotación de comunidades locales en regiones afectadas por el conflicto, particularmente en los bosques del Pacífico y en la Amazonía colombiana.

“Los hallazgos de esta investigación también revelan cómo algunas comunidades afrocolombianas en la región Pacífica de Colombia son coaccionadas a talar sus bosques bajo acuerdos abusivos que los dejan endeudados, con algunos afirmando que sufren condiciones similares a la esclavitud.” advierte Susanne Breitkopf, subdirectora de la Campaña Forestal de EIA. 

La EIA destaca como sus principales hallazgos durante la investigación, que la empresa exportadora de Colombia Cedros Hardwood Flooring, "admitió haber pagado a grupos armados ilegales en Chocó y Antioquia para facilitar las operaciones de tala". De igualmente manera, los investigadores aseguran que "entre 2020 y 2023, el 93% de sus exportaciones carecían del certificado legal requerido". Sin embargo, en una carta enviada a esta organización por la compañía en mención, se asegura que cuentan con todos los certificados requeridos, aunque no proporcionaron copias. La empresa también negó cualquier vínculo con pagos a grupos armados

Otro de los casos estudiados es el de la empresa Maderas Santa Rita, que exportó decking y pisos de Cumarú desde la región Pacífica. Sobre esta compañía, la investigación determina que "ninguna de sus exportaciones entre 2020 y mayo de 2023 contaba con el certificado obligatorio, y la mitad de sus compras de Cumarú están bajo investigación oficial o carecen de permisos de transporte de madera". Al respecto, Lumber Plus, un importador estadounidense, respondió que su proveedor colombiano, Maderas Santa Rita, le proporciona documentación sobre el origen de la madera, la cual es revisada antes de la compra. La empresa compartió con EIA un diagrama de flujo (flujograma) de las exportaciones de madera correspondientes al período de enero a febrero de 2023, varios permisos de transporte de madera, un documento de solicitud de aprobación para un área de aprovechamiento, y otros documentos oficiales relacionados con las operaciones de Maderas Santa Rita. No bostante, EIA advierte que no se incluyeron certificados para productos de segundo grado de transformación. 

En la Amazonía, EIA encontró que C.I. Casa en Madera exportó material no certificada a los Estados Unidos, mientras que su propietario "tiene vínculos con áreas donde no parece haber habido tala, lo que genera preocupaciones sobre el lavado de madera". La agencia investigadora asegura que también halló evidencia de que Corpoamazonia -autoridad ambiental regional- había emitido informes de inspección falsificados para esas áreas.

De igual manera, la investigación señala que 16" empresas estadounidenses, incluidas Cedro Rojo, Amazon Hardwoods, Brazilian Lumber y Sabra International, importaron madera que carecía de la documentación legalmente requerida, lo que podría constituir una potencial violación de la Ley Lacey".

A pesar de los requisitos legales establecidos por la Resolución 1367 de 2000, la Agencia señala que las autoridades colombianas no han emitido los certificados obligatorios en la mayoría de los casos, en tanto que los importadores de EE. UU. y la UE parecen no haber ejercido la debida diligencia, como exige la ley.

Rocuerda, igualmente, que en marzo de 2025, la Secretaría para la Aplicación de la Legislación Ambiental EE. UU.-Colombia determinó que: los interrogantes sobre el incumplimiento de la legislación ambiental planteadas por los hechos descritos en la solicitud, especialmente en relación con la ejecución de la Resolución 1367 de 2000, persisten, ya que la respuesta de la Parte (Gobierno de Colombia) ratifica lo que afirmó el Solicitante [EIA US] en sus informes y notas, que confirman el incumplimiento de la resolución. 

Bajo este panorama, la EIA llama la atención del Gobierno de Colombia, al considerar que debe mejorar la trazabilidad mediante la digitalización y publicación de la información sobre aprovechamientos forestal, cosecha, transporte, procesamiento y exportaciones. Adicionalmente, considera que los importadores deben garantizar el cumplimiento legal completo, y se debe fortalecer la aplicación de la Ley Lacey y la Regulación de Madera de la UE, y que los intermediarios y exportadores deben ser responsables por explotar a las comunidades forestales y blanquear madera.