Un reciente análisis de las finanzas del sector ambiental en Colombia, realizado por un equipo de investigadores de Fescol, muestra que al sector ambiental se le asigna menos del 0,5 % del presupuesto general de la Nación y que tres de las 33 corporaciones autónomas regionales manejan los mayores ingresos, mientras algunas como la CDA, de la Amazonia, figuran entre las de más bajos recursos.

 

BOGOTÁ D.C.-. Aunque en los últimos años, la asignación de recursos para la gestión ambiental han crecido, especialmente por cuenta del Sistema General de Regalías, el presupuesto para este importante sector sigue siendo precario según lo muestra un estudio realizado por investigadores de Fescol, en el cual se advierte también una profunda inequidad en los presupuestos que manejan las 33 corporaciones autónomas regionales con que cuenta el país.

En la presentación de los principales aspectos de este estudio, Guillermo Rudas, quien es coautor del mismo y también forma parte del comité asesor de Fescol, destacó que pese a que durante el periodo 2015-2020, los ingresos y gastos del sector ambiental crecieron, ello no implica que sea un porcentaje de peso dentro del presupesto general dela nación, pues solo represnta el 0,24% de presupuesto general de la nación total. Para 2020, los recursos del sector total ambientsl representaron 1,5% del presupuesto general de la nación total. Adicionalmente, llama la atención en cuanto a que la mayor cantidad de recursos son administrados por entidades del sector ambiental que cuentan con muy poca injerencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), lo que hace que esta entidad tenga poco margen de acción sobre ellos.

En su exposición, el coautor del estudio recordó que mientras en Europa, entre 2008 y 2016, el promedio del presupuesto asignado por estos países al sector ambiental equivale al 0.75%, según información de la OCDE, en Colombia este rubro equivale a menos del 0,5%.

El equipo investigador cuestiona el bajo peso que tiene el sector ambiental en la economía colombiana, al encontrar que en 2020, el gasto ambiental total representó el 0, 37%. Bajo este panorama, el equipo investigador considera necesario observar si la totalidad del sector cuenta con mayores recursos en relación con la economía y si dentro de unos años contará para mayor presupuesto para responder a las necesidades ambientales.

El Sistema General de Regalías y las CAR, se constituyen en las dos mayores fuentes de financiamiento para el sector, con un crecimiento y una participación mayor que los recursos provenientes del presupuesto general de la Nación, según el estudio difundido por Fescol. "Durante el periodo analizado, las CAR presentan una concentración del 48% de los recursos totales, en tanto que el SGR alcanza una participación del 27%, porcentaje mayor que el del presupuesto general de la Nación", señala el estudio.

Refiriéndose al presupuesto que manejan las CAR, el estudio señala que "la alta concentración de recursos en pocas CAR hacen que zonas claves en materia ambiental, como la Amazonia, no tengan el respaldo financiero para el reto que enfrentan en cuanto al cambio climático". En el listado de las CAR con mayores ingresos aparecen la de Cundinamarca, la CVC y Corantioquia, en tanto que entre las de menores recursos aparecen Corpomojana, CSB y la CDA -Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Orienta Amazónico, esta última con una extensa y estratégica región a cargo.

En el marco del evento organizado por Fescol para presentar el estudio, se realizó un conversatorio con la nueva viceministra de Ambiente, Sandra Villardy; el analista y columnista Juan Pablo Ruiz, el investigador Guillermo Rudas y el economista Juan Gonzalo Zapata -coautor del estudio-, quienes se refirieron a los resultado del trabajo adelantado, destacando la precariedad de recursos para el sector, la distribución inequitativa de recursos y la baja participación del sector privado en la gestión ambiental del país.

Para la viceministra Villardy, este estudio comrpueba lo que se venía analizando: que se tienen diversos recursos pero hay cierta opacidad sobre su manejo, por lo que el gran reto del Gobierno es incorporar los recursos al presupuesto general de la Nación para que este vaya al funcionamiento. "El Estado, en particular en el sector ambiental, se está volviendo muy raquítico en su labor misional y este estudio muestra dicha dificultad y los retos para articular mejor el presupuesto asignado al ambiente", mencionó.

Para el analista y columnista Juan Pablo Ruiz, la labor del MADS ha sido  más consistente que las CAR, pero es lamentable su poca capacidad de tener injerencia sobre el uso de los recursos públicos que llegan a estas corporaciones, que los estarían manejando con poca responsabilidad.

Las principales recomendaciones de los autores del estudio para mejorar la gestión del sector ambiental se traducen en promover indicadores de evaluación a las entidades que conforman el Sina, a las normas que rigen este sistema y evaluaciones de impacto sobre las políticas ambientales implementadas.

Se recomienda, igualmente, crear mayores controles financieros para las entidades del Sina, las inversiones del SGR y de las CAR, así como alinear su accionar con las políticas adelantadas con el resto del sector.

Otra de las recomendacioness consiste en incrementar los recursos que se destinan al Fondo de Compensación Ambiental, que implica considerar incluir en el recaudo un procentaje de lo que se recibe por la sobretasa ambiental del impuesto predial, así como de recursos no ejecutados por las corpoaciones de mayores rentas.

El equipo propone alinear el recaudo de rentas autónomas de las CAR a indicadore de necesidades o urgencia ambiental, . En este aspecto, se recomenda utilizar indicadores del sector como: control de vertimientos de aguas, de emisiones atmosféricas y de contaminación de suelos; criterios ambientales para el ordenameinto terirtoral de los municipios, control de la deforestación y del aprovechamiento de bosque, entre otros.

Por otra parte, se sugiere crear fuentes de ingreso más estables para el resto de entidades que conforman el Sina, en especial, Parques Nacionales Naturales, instituciones de investigación y el IDEAM, que tiene tareas centrales, pero cuenta con pocos recursos.

Se plantea, además, buscar la manera de alinear los intereses de las entidades territoriales con las políticas adelantadas por el MADS, incentivar una política ambiental que incluya activamente los agentes privados y obligar a las organizaciones privadas a reportar información oportuna y obligatoria a las autoridades del sector. Esta fórmula aplicaría también para los organizaciones de cooperación nacional e internacional.