La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, y el ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas, presentaron en la Universidad Distrital la nueva hoja de ruta de la educación ambiental fortaleciendo el aprendizaje desde los territorios, para hacer frente al cambio climático, la contaminación y la justicia ambiental.

BOGOTÁ D.C.- Después de 24 años de haber sido creada la primera política de educación ambiental en Colombia, los ministerios de Ambiente y Educación presentaron la actualización de la Política Nacional de Educación Ambiental, la nueva hoja de ruta que orientará los procesos de educación ambiental en el país, con el objetivo de fortalecer la formación de ciudadanías comprometidas con el cuidado de la vida, la acción climática, la protección de la biodiversidad y la justicia ambiental.

Uno de los cambios que impulsa esta actualización es la transformación de la manera cómo se entiende la educación ambiental en colegios, universidades y otros espacios de formación, La política busca superar enfoques limitados a actividades aisladas para promover una comprensión más profunda de las problemáticas socioambientales, sus causas y posibles soluciones desde cada contexto territorial.

Así mismo, plantea fortalecer la formación de docentes, impulsar la participación estudiantil y conectar de manera más efectiva la educación con temas como la acción climática, la gestión del riesgo, la biodiversidad y la construcción de paz.

Uno de los avances más importantes de esta actualización, según el Minambiente, es la incorporación de un plan de acción con metas, indicadores y mecanismos de seguimiento, una herramienta que no contemplaba la política adoptada en 2002. Además, destaca que el nuevo marco estratégico está conformado por 17 procesos estratégicos y 57 líneas de acción que orientarán el trabajo de las instituciones, organizaciones y comunidades en todo el territorio nacional.

Para el Ministerio de Ambiente, la actualización marca un hito para Colombia al responder a las profundas transformaciones sociales, ambientales y territoriales de las últimas dos décadas. Además, incorpora nuevos enfoques, principios y herramientas para que la educación ambiental contribuya de manera efectiva a enfrentar los desafíos del presente y del futuro.

“Esto es un paso histórico para el país, les estamos devolviendo la dignidad a nuestros territorios y le estamos apostando por una nueva generación comprometida con la educación ambiental para el cuidado de la vida, donde se fortalece la relación entre las personas, las regiones y la naturaleza para responder a los desafíos ambientales que enfrenta el país”, expresó el ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas.

Por su parte, la ministra de Ambiente (e) Irene Vélez Torres destacó que “tener esta política después de tres años de trabajo participativo con más de 12.000 personas es un lujo, porque nos permite tener el resultado de una construcción colectiva. La política incentiva el diálogo de saberes, la interdisciplinariedad, poder trascender el espacio de las aulas, asegurarse que vamos más allá de los claustros académicos y que la educación ambiental se conecta con los territorios, sus desafíos, la superación de sus desigualdades y las injusticias ambientales que residen ahí”.

Docentes, estudiantes, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinas, organizaciones sociales, academia, autoridades ambientales, entidades territoriales y líderes comunitarios contribuyeron a consolidar una política que reconoce la diversidad biocultural del país y fortalece el aprendizaje desde los territorios.

La nueva política educativa responde a retos cada vez más complejos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, la degradación de ecosistemas y las desigualdades socioambientales. También recoge aprendizajes derivados de procesos de paz territorial, la creciente participación de las juventudes en asuntos ambientales, las movilizaciones ciudadanas y el reconocimiento de los saberes, la diversidad cultural y biológica del país, detalla el Minambiente.

Bajo la nueva normativa, se establece que el territorio se consolida como escenario principal de aprendizaje, participación y transformación social, el cambio climático se incorpora como eje estructural de los procesos educativos, se fortalece el diálogo entre conocimientos científicos, saberes ancestrales, comunitarios y territoriales, la justicia ambiental y el cuidado de la vida se convierten en principios orientadores de las acciones educativas. Además, se determina la pParticipación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la toma de decisiones relacionadas con los asuntos ambientales, se integran enfoques interculturales, de género, diferenciales e intergeneracionales y se reconocen los derechos de la naturaleza junto con los derechos humanos como referentes fundamentales para la formación ciudadana.

La actualización también fortalece instrumentos que han sido fundamentales para la educación ambiental en Colombia, como los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (Proceda) y los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental (Cidea), con el propósito de ampliar su alcance y fortalecer la articulación entre Estado, academia y comunidades.

Tras su lanzamiento, el Gobierno anunció que iniciará una etapa de socialización y apropiación en todo el país para impulsar la implementación de la Política en los territorios.

La ruta contempla el fortalecimiento de la articulación entre sectores, la incorporación de la política en instrumentos de planeación territorial, la creación de una mesa nacional de educación ambiental, el fortalecimiento de los PRAE, nuevos procesos de formación docente, alianzas con instituciones de educación superior y mecanismos que amplíen la participación de niñas, niños y jóvenes en las decisiones ambientales.

Con esta actualización, Colombia busca consolidar una cultura basada en la corresponsabilidad, la participación ciudadana y el reconocimiento de la diversidad biocultural del país, anota el Minambiente.