Aunque el juez que lleva el caso contra 11 campesinos denunciados por la multinacional minera Anglogold Ashanti no acogió la solicitud de la Fiscalía de dictar una medida de aseguramiento con privación de la libertad, el proceso judicial que podría desembocar en su condena sigue su curso.

MEDELLÍN.- Los 11 campesinos que son juzgados por el presunto delito de retener y agredir a vecinos y turistas en desarrollo de sus protestas para rechazar la minería extractiva que pretende realizar la multinacional Anglogold Ashanti con su proyecto Quebradona, permanecerán en libertad mientras avanzan las siguientes etapas del juicio.

Así lo determinó el juez del Juzgado Promiscuo Municipal de Jericó (Antioquia), quien no avaló la solicitud de la Fiscalía, en el sentido de que los 11 campesinos fueran cobijados por una medida de aseguramiento mientras se adelantan las siguientes etapas del juicio. No obstante, el Juez precisó que los campesinos no podrán salir del país y deberán presentarse ante las autoridades cuando estas lo requieran dentro del proceso penal en curso.

Según la Fiscalía, los campesinos fueron los protagonistas de al menos nueve episodios entre mayo de 2022 y diciembre de 2023, en los que habrían retenido y agredido a vecinos y turistas que visitaban la región, asegurando que estaban irrumpiendo y afectando una zona protegida como reserva natural.

A raíz de esta judicialización, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), expresó su preocupación y reafirmó su compromiso con la protección del agua, la tierra y la vida.

Para defensores de los campesinos de Jerícó (Antioquia), como el consultor ambiental Pedro Aldana, "de darse la condena y privar de la libertad a campesinos honestos, valientes, trabajadores, cultivadores de alimentos para nuestro país (campesinos que además son sujetos de protección especial), sin lugar a dudas podemos decir que las multinacionales como Anglogold Ashanti, han permeado con su corrupción a las instituciones del Estado Colombiano, para a su vez, desmontar el Estado Social de Derecho y así poder saquear libremente los recursos naturales, con el agravante de que las altas cortes, presidentes de la república, congresistas, ministerios, administradores de justicia e instituciones de control, sean serviles a esos oscuros propósitos, acabando nuestro patrimonio ambiental, social, cultural, económico y libertad".

Por otra parte, ciudadanos representados por la organización Jericoanos con Visión, advierten que las protestas y denuncias de los 11 campesinos han afectado sus derechos fundamentales, 

En ese sentido, voceros de la Mesa Ambiental de Jericó, consideran que los grupos cercanos a la multinacional no pueden afirmar que hay una instrumentalización, pues sería tanto como calificar a estas personas de "idiotas útiles", cuando lo que han hecho es defender el agua y el territorio, amenazados por la explotación minera.

A su turno, 350 maestros, maestras, estudiantes, líderes, lideresas, ciudadanos, ciudadanas, campesinos, campesinas y organizaciones de activistas ambientales firmaron un comunicado en el que manifiestan su enérgico rechazo a la criminalización de campesinos en el municipio de Jericó, quienes hoy enfrentan procesos legales como consecuencia de su legítima oposición y resistencia a los proyectos de megaminería que amenazan con alterar profundamente sus territorios, afectando las aguas que recorren sus comunidades, la biodiversidad con la que cohabitan y sus formas de vida.

Desde la llegada de la multinacional AngloGold Ashanti al suroeste antioqueño en el año 2002, con el proyecto de extracción de cobre, oro y plata denominado Quebradona, las comunidades campesinas, junto con diversos sectores sociales y ambientales, han manifestando su preocupación y desacuerdo con la presencia de la minera y sus intereses sobre el territorio.

"Criminalizar la defensa del territorio es atentar contra los derechos fundamentales. Es infringir el Acto Legislativo y la Sentencia SU-445 de 2016 de la Corte Constitucional, donde los campesinos y campesinas fueron declarados como sujetos de derechos con legitimidad constitucional para defender sus territorios desde mecanismos legales de megaproyectos o el acaparamiento de tierras", señala en su comunicado la Corporación Arco Iris.

Y agrega que los campesinos y campesinas de Jericó no son criminales: son defensores de la vida y el bienestar colectivo. Su resistencia pacífica es legítima y necesaria ante la amenaza de un modelo económico que prioriza el lucro sobre la vida y la justicia ambiental".